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Foto de Alonso Yáñez /La Opinión.

En 1995 había 6,785 inmigrantes detenidos en centros de detención del país. En las siguientes dos décadas, la cifra se multiplicó hasta llegar a 34,000 en 2013.

El boom de la red de detención tiene origen en las dos tragedias más grandes causadas por terrorismo en territorio estadounidense continental y el impacto de una serie de legislaciones promulgadas posteriormente. Dos leyes federales fueron aprobadas como respuesta del ataque terrorista doméstico de Timothy McVeigh a un edificio federal del centro de Oklahoma el 19 de abril de 1995. El ataque ocurrió dos años después de un ataque al World Trade Center en Nueva York por un grupo de hombres de Kuwait, Jordania y Pakistán. Si bien McVeigh era un ciudadano estadounidense, el ataque generó un clima de miedo e incertidumbre en el país. Las nuevas leyes federales, entre otras cosas, crearon el programa 287g, el cual permite a policías locales aplicar leyes migratorias,   y la expande el alcance de la detención obligatoria.

Explore una línea de tiempo con algunas de las legislaciones más importantes para la detención de inmigrantes:

Más Importante precedentes legales & Legislaciones sobre Detenciones & Deportaciones en Dipity.

“Aproximadamente el 70% de las personas detenidas en este momento es por esa ley de detención mandatoria”, comentó Nieto.

Luego vinieron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Ellos revitalizaron sentimientos anti-inmigrantes en EE.UU. y también causaron la modificación del sistema de inmigración para que quede bajo el control y responsabilidad de del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).

En 2005, el congreso instituyó lo que se ha conocido como el “mandato de camas”,   el cual obliga a ICE a tener siempre detenidos a 34,000 inmigrantes. Janet Napolitano, ex secretaria de DHS, le dijo a un comité de la Casa de Representantes que el mandato es “artificial” y que previene que ICE sea tan eficiente como puede, pero el congreso ha continuado elevando el mínimo de camas, hasta llegar a 34,000 en 2011.

Las circunstancias parecían cambiar para los inmigrantes indocumentados cuando el presidente Barack Obama comenzó su segundo término, apoyado por el voto Latino. Es ahora una política oficial para agentes del DHS enfocarse en deportar criminales, atrapar infractores migratorios reincidentes y detener cruces fronterizos. Oficiales de DHS reportaron que 98% de los deportados en el año fiscal 2013 encajaban en esas categorías.

Pero defensores de los derechos de inmigrantes disputan las cifras oficiales, argumentando que el mandato del congreso de detener a 34,000 en centros de detención pone presión a oficiales de DHS para detener gente, especialmente en tiempos en que los cruces fronterizos están disminuyendo. Un reporte de 2010 de Immigration Policy Center  concluyó que 10% de los deportados son inmigrantes legales y que una mayoría de ellos   (68%) cometieron crímenes menores no violentos. De los más de 400 mil inmigrantes, unos 151,835 no tenían convicciones criminales o infracciones de tráfico, de acuerdo a ICE. El costo anual de detener inmigrantes es de $2 mil millones, según National Immigration Forum.

De acuerdo a un fallo de la Corte Suprema en 2001, los inmigrantes deben ser deportados o puestos en libertad dentro de un plazo de seis meses. Sin embargo, muchos languidecen encerrados incluso por más de un año.

“En una situación normal que entran y ven al juez, el promedio es de 45 a 60 días”, explicó Roberto Naranjo, director auxiliar de campo de ICE. “Pero eso es relativo porque hay muchos individuos que eligen pelear su caso y deciden apelar y están en el centro de detención hasta que esa decisión se termine. Entonces puede ser de seis meses a año y medio. Pero depende a qué punto el individuo que está detenido quiera parar la apelación”.

Actualmente, con todo y un declive agudo en inmigración, el déficit fiscal y la decisión anunciada del gobierno de Barack Obama de enfocarse primordialmente en criminales que representen un peligro para su comunidad, EEUU tiene la infraestructura de detención de inmigrantes más grande del mundo y hay planes para seguir expandiéndola. Paulatinamente, esa enorme red para inmigrantes se ha vuelto una fracción cada vez mayor de un sistema de prisiones estadounidense aún más inmenso, el cual priva de libertad a aproximadamente 2.3 millones personas.

Vea la segunda parte de nuestro reportaje:

Así como la red de centros de detención ha crecido, también lo hizo la industria de prisiones privadas. El primer centro de detención privado para inmigrantes fue abierto por CCA en 1984 en Houston,   y no fue hasta después de los ataques del 9/11 en que la industria de prisiones privadas despegó.

De 2002 al 2010 hubo un incremento de 206% de detenidos de ICE en centros de empresas privadas, de acuerdo a la agencia. Las ganancias y gastos de cabildeo también subieron.

Tanto CCA como GEO tuvieron ganancias de más de $1,200 millones en 2010 y sus presidentes ejecutivos, Damon Hininger y George Zoley, respectivamente, reportaron ganancias de más de $3.4 millones el mismo año. CCA gastó más de $19 millones en cabildeo desde 2013, de acuerdo a la Fundación Sunglight.

El sector privado ha cosechado ganancias del boom de centros de detención de inmigrantes. Pero el crecimiento de ese sistema ha sido acompañado por casos preocupantes de abusos y negligencia a inmigrantes, quejas, críticas, demandas y decenas de muertes.

Carmen Iguina, abogada de la ACLU en el Sur de California, dice que ha escuchado quejas frecuentes en sus años trabajando en el campo migratorio acerca de demoras de semanas y hasta meses para que un detenido logre ver a un doctor. Al ser consultado sobre este tema,   Naranjo dijo que los detenidos son vistos por un doctor entre 24 y 48 horas luego de que hacen el pedido. No obstante, detenidos y defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que los retrasos son habituales.

“No es que no son competentes sino que no hay suficiente equipos médicos”, dijo Carmen Iguina abogada de la ACLU del Sur de California. “Y muchas veces las decisiones que se toman están basadas en el ahorro económico y no la necesidad médica”.

Para Cristina Fialho — abogada y co-fundadora de Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement, una red nacional con programas que hacen más de 15,000 visitas anualmente — la creciente influencia de corporaciones privadas en la red de detención de inmigrantes crea un obstáculo adicional a la vigilancia que existe. Las empresas privadas de detención no están sujetas a leyes que fomentan la transparencia, como el Freedom of Information Act, el cual requiere que agencias federales faciliten archivos sobre investigaciones de mala conducta o cuidado inadecuado, así como también memorándums sobre decisiones internas.

“Creo que tiene que ver con nuestros ideales de americanos”, dijo Fialho. “Si somos un país que se enorgullece de libertad, justicia y un debido proceso, pero no estamos dando a la gente más vulnerable de nuestras comunidades ese nivel de justicia, de libertad, de cuidado médico,  ¿entonces qué tipo de país somos?  ¿Acaso estamos honrando nuestros ideales?”

Si bien los estándares de detención para inmigrantes han sido actualizados para proveer mejores condiciones y servicios, actualmente los 250 centros del país operan bajo tres distintas versiones de reglas de detención  de ICE. El motivo de esta discrepancia son los acuerdos contractuales que se han hecho a través de los años con condados y estados del país, algunos de los cuales son vinculantes a versiones antiguas de los estándares e incluso se renuevan automáticamente.   Mientras que la versión de 2000 y de 2008, explica Fialho, solamente garantizaban atención médica en caso de emergencias, la implementada en 2011 asegura servicios médicos por “condiciones serias”.

“La idea de lo que es una condición médica seria en realidad queda abierta a interpretación”, dijo Fialho.

Pese a que el cuadro médico que Domínguez Valdivia, por ejemplo, presentó en Adelanto fue tan serio que resultó en su muerte, a él no se le dio atención médica adecuada. Por el contrario, solo le dieron pastillas y le negaron mejor cuidado hasta que fue demasiado tarde, según sus familiares.

De acuerdo a un detenido de Adelanto con VIH, cuya identidad mantendremos bajo anonimato para su seguridad, la atención provista en el centro no es apropiada. Él dijo que sus pedidos para ver a un doctor fueron ignorados y que no recibe ayuda psicológica. Ariel Alejandro Zeledón, otro detenido diagnosticado con desorden bipolar, dijo que ve un psiquiatra una vez al mes y que nunca ve a un psicólogo.

“Solo quieren saber si necesitas medicamentos”, dijo Zeledón.

Al ser cuestionados sobre estas acusaciones, ICE respondió que los dos detenidos recibieron cuidado médico adecuado desde que están en su custodia. El historial médico indica que el detenido con VIH tuvo más de 25 citas con personal médico en 2013 y además que profesionales de salud mental han trabajado cercanamente con Zeledón acerca de sus preocupaciones por las dosis de sus medicamentos psiquiátricos.

Una serie especial del Reporting on Health Collaborative.  

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