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Foto de Alonso Yáñez /La Opinión.
Foto de Alonso Yáñez /La Opinión.

Juana López apretó las manos de su hijo y acarició su frente.

“Aquí estoy mi’jo, aquí está tu mamᔝ, dijo. “Reacciona, ponle ganas”.

Era la primera vez que Doña Juana lo veía en más de tres meses. Ese día, inconsciente y con los tubos del respirador artificial dentro de él, fue también el último día que vio a Fernando con vida.

Fernando Domínguez Valdivia, residente angelino de 58 años de edad, murió el 4 de marzo de 2012, ocho días después que lo visitó su madre en el Victor Valley Community Hospital, por un cuadro de bronconeumonía que desarrolló durante los 100 días que estuvo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

“Fue negligencia, fue falta de atención médica”, dijo Doña Juana. “Si eso le pasó a mi hijo, le va a seguir pasando a todos los que caigan ahí, que no les dan el trato que deben de darles”.

Domínguez Valdivia estuvo detenido dos meses y medio en el Centro de Inmigración de Adelanto, un complejo de detención para hombres construido en el Desierto de Mojave, a unas 90 millas al noreste de Los Angeles. Fue construido en 1991 y utilizado por varios años para alojar convictos hasta que el Grupo GEO, una corporación privada internacional de centros de detención, la compró en 2010. Para mayo de 2011 se firmó un contrato con ICE para albergar inmigrantes en sus dos alas, este y oeste.

Adelanto tiene nuevas instalaciones en el ala oeste, pero nuestros entrevistados dijeron que el ala este está descuidada, con tuberías rotas y goteras. En ese lugar estuvo Domínguez Valdivia mientras combatía una bronconeumonía sin recibir la atención médica adecuada. Una vez en el hospital, la infección se esparció a la sangre, lo que eventualmente resultó en falla múltiple de órganos.

La Oficina de Supervisión de Detención concluyó en un reporte que la muerte de Domínguez Valdivia pudo haber sido prevenida y que el centro no cumplió con los estándares de detención establecidos por ICE.

Si bien el fallecimiento de Domínguez Valdivia ha sido el único ocurrido en Adelanto, se han registrado más de 130 otras muertes desde 2003 en los 250 centros de detención que hay para inmigrantes  en el país. Por esta red de centros de detención pasan aproximadamente unas 400,000 personas cada año.

ICE tiene ocho centros de detención propios. Además, también hace contratos para albergar inmigrantes con compañías privadas, como el Grupo GEO, Corrections Corporation of America y Management & Training Corporation, y con gobiernos estatales o del condado. La población de inmigrantes detenidos está repartida equitativamente 50% en centros de detención privados y 50% en públicos.

Catalina Nieto, directora de campo de Detention Watch Network, dijo que en general no hay mucha diferencia entre las condiciones de centros de detención privados o públicos, ya que los dos tipos presentan los mismos problemas: esperas de semanas y hasta meses para recibir atención médica, poca y mala calidad de comida y agua, pocas horas al aire libre o con acceso a luz del sol y una distancia demasiado grande entre estos centros y alguna zona urbana.

De acuerdo a una investigación nacional publicada por Detention Watch Network  a fines de 2013, de los 250 centros de detención de inmigrantes no hay ninguno donde ICE asegure a los detenidos atención médica básica, los proteja adecuadamente de abusos físicos y sexuales y les dé suficiente contacto con el mundo exterior para preparar su defensa legal y preservar la integridad de su familia. Dos de los principales problemas en el sistema, indicó Nieto, son la falta de supervisión independiente y el hecho que no se aplican los mismos estándares en todos los centros por diferencias contractuales.

Los inmigrantes en custodia de ICE están técnicamente bajo detención civil, lo que no significa necesariamente que hayan cometido un delito, sino que deben estar detenidos hasta que un juez decida su caso. Ese mandato de detención ocurrió por la aprobación del Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA por sus siglas en inglés) de 1996, en el cual también se amplió la definición de felonías agravados, haciendo que un delito menor en la ley de justicia criminal pueda ser considerado una felonía en el marco migratorio.

Vea la primera parte del reportaje

Una serie especial a cargo del Reporting on Health Collaborative

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