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Miembros y aliados de la Unión de Vecinos de Los Ángeles (LATU por sus siglas en inglés) en Boyle Heights se unieron a una huelga estatal de alquileres el miércoles, al exigir que las agencias estatales implementen un “perdón de rentas” durante la emergencia del Covid-19. 

En fotos publicadas por el grupo en su página de Facebook se puede ver a un grupo pequeño de protestantes reunidos en la Plaza del Mariachi, utilizando máscaras y otro tipo de protectores faciales, manteniendo las prácticas sugeridas de distanciamiento social, mientras sostienen carteles con eslóganes en inglés y en español como “Choose Food Over Rent” y “Comida sí, renta no”.

Algunos protestaron desde sus vehículos, mostrando sus carteles mientras manejaban frente a la protesta.

Los activistas de LATU dicen que una moratoria estatal de los desalojos anunciada el mes pasado por el gobernador Gavin Newson –y una subsecuente ley de moratoria local aprobada el viernes por el Concejo Municipal de Los Ángeles– no son suficientes para ayudar a inquilinos de bajos ingresos en comunidades como Boyle Heights, algunos de los cuales podrían estar sin ingresos por varias semanas e incluso meses.

El grupo está pidiendo a inquilinos de Los Ángeles que se unan a su campaña de “Comida sí, renta no”, que ofrece una guía y herramientas para exigir el perdón del alquiler.

Una orden ejecutiva firmada por Newsom el mes pasado prohíbe a los caseros de California ejecutar órdenes de desalojo por los próximos dos meses –pero la orden del gobernador todavía permite que los dueños de apartamentos desalojen a los inquilinos en junio.

Bajo la orden de Newsom, los inquilinos deben notificar por escrito a los caseros, indicando una o más de las razones permitidas por la moratoria por las cuáles no  podrán pagar el alquiler. Estas son pérdida de ingresos, una enfermedad relacionada al coronavirus, el tener que cuidar a alguien enfermo con coronavirus o tener que dejar de trabajar para cuidar a niños que no van a la escuela.

El viernes, el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó una ley local que añade una protección a aquellas familias que tienen que mudarse a vivir con parientes y que se aglomeran en apartamentos, excediendo el número de residentes permitidos por ley. La ley además extiende el periodo que tienen los inquilinos para pagar los alquileres –de seis a 12 meses– y elimina las multas por pagos atrasados.

Antes la semana pasada, el alcalde Eric Garcetti había emitido una orden que prohíbe a los caseros desalojar inquilinos de apartamentos protegidos por leyes de estabilización o control de alquiler bajo una cláusula de la ley conocida como Ellis Act, que permite la conversión de apartamentos construidos y habitados antes de 1978 a condominios, que puedan ser vendidos a nuevos ocupantes.

Pero el gobierno municipal se quedó corto de aprobar una prohibición más completa de los desalojos que algunos activistas habían pedido. Tras una larga y acalorada discusión, la prohibición no fue aprobada por un voto.

En Boyle Heights –donde hasta el 75% de los residentes alquilan sus residencias, y donde hasta el 88% de los inquilinos viven en unidades protegidas por las leyes de estabilización o control de renta– los activistas dicen que la moratoria que obligaría a los inquilinos pagar los alquileres atrasados una vez se declare el fin de la crisis, les causaría una penuria que muchos no podrán sobreponer.

“Todos estamos sufriendo, pero nuestro sufrimiento no tendría que ser de esta magnitud”, dijo Melissa Reyes, inquilina de Boyle Heights de 25 años a The Guardian. “Esto se trata de supervivencia y necesidad”

En un comunicado circulado esta semana por la local del Este de la Unión de Vecinos, los activistas dan como ejemplo a una miembro cuyo alquiler mensual es de $2,200 en un hogar donde ella y su esposo están sin empleo por el coronavirus.

“Con la orden de quedarse en casa, no tendrán ingreso en abril, mayo o incluso junio, por lo cual acumularían una deuda de $6,600”, explica el comunicado. “Aún con el plan de repago de 12 meses aprobado por el concejo municipal la semana pasada, el inquilino tendrá que conseguir unos $550 adicionales al mes. ¡Eso es un aumento del 25%!”

“Sin un perdón de alquiler, ¿cómo podrá el inquilino reponer $6,600 en un año. Eso requerirá que ellos obtengan un aumento de sueldo de $6,600. Las empresas no podrán aumentar salarios después de estar cerradas u operando con horarios reducidos por varios meses. Las empresas apenas tendrán fondos suficientes para reabrir, ni pensar contratar de vuelta a todo su personal o siquiera pensar en dar aumentos de sueldo a sus empleados. La expectativa de que las empresas tendrán los empleos con paga adecuada para apoyar a los millones de inquilinos que no pueden pagar su alquiler durante esta crisis es corta de visión y reprensible”, concluye el comunicado.

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