Para los inmigrantes indocumentados, que superan el millón de conductores que manejan en California, la simple tarea de conducir hacia el trabajo implica mucho más estrés que estar simplemente atascado en el tránsito. Lo que les preocupa es el temor que se siente al no tener una licencia de conducir.
Pero este temor pronto se reducirá. Jerry Brown, gobernador de California, firmó la ley AB60 en octubre, mediante el cual se permitirá que los conductores indocumentados puedan solicitar una licencia de conducir a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) a partir del 1 º de enero de 2015, a más tardar.
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El miembro de la Asamblea Legislativa Luis Alejo (demócrata de Watsonville) presentó el proyecto de ley, aunque el antiguo senador del estado y miembro de la Asamblea, Gil Cedillo, que creció en Boyle Heights, ya había presentado proyectos semejantes en varias ocasiones. Cedillo ahora es concejal de la ciudad de Los Angeles.
Las nuevas licencias de conducir serán diferentes de las comunes. Debido a la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional, la ley AB60 exige que las licencias de conducir incluyan la anotación “DP”, que significa “Driving Privilege” (Privilegio para conducir). Estas licencias no pueden usarse con fines de identificación federal, como para viajar en avión.
Para muchos conductores indocumentados de Los Angeles, manejar al trabajo puede reducir el tiempo de viaje a la mida, en comparación con el transporte público. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, un conductor sin licencia podía correr el riesgo de que le confiscaran su vehículo durante 30 días o más, si era detenido por un agente de policía.
Orden Especial 7
En respuesta a las inquietudes de la comunidad acerca de las confiscaciones de vehículos, el jefe del Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD), Charlie Beck, emitió en febrero de 2012 la Orden Especial 7 para evitar que se confiscaran los vehículos de estos conductores si presentaban comprobante de una póliza de seguro y una identificación válida, y no tenían antecedentes de delitos menores por conducir sin licencia. La Orden Especial 7 les dio a los conductores de Los Angeles cierto alivio hasta septiembre de 2013, cuando fue revocada por un tribunal inferior. Un panel del tribunal de apelaciones del estado restableció la orden en octubre, quedando pendientes los dictámenes de otros tribunales.
A muchos conductores indocumentados se le ha confiscado su automóvil y han tenido que pagar multas de hasta $1,000 dólares por ser detenidos en retenes DUI para aprehender conductores en estado de ebriedad.
Mónica, de 36 años, es una de varias residentes del Este de Los Angeles para quien esta nueva ley es una grata noticia. Mónica, que hace 20 años que vive en Estados Unidos y pidió que no se divulgara su apellido porque es indocumentada, dice que hace 12 años que maneja sin licencia.
Si bien nunca la han detenido en un punto de control DUI, conoce a personas que les confiscaron su automóvil y que nunca más lo recuperaron.
“Tuvieron que esperar 30 días, pero no les valía la pena pagar la multa para retirarlo, porque era más de $1,000 dólares. Dejaban allí los autos porque no valía la pena pagar por ellos”, dice.
Los activistas arguyen que los retenes DUI de la policía no son justos. Consideran que la policía lo que en realidad busca son residentes indocumentados en las comunidades inmigrantes, no conductores ebrios.
Retenes: ventajas y desventajas
Carlos Montes, de 65 años y organizador del Centro para la Organización de Servicios (CSO), está en contra de los retenes DUI. “La excusa es captar conductores ebrios, pero en realidad, buscan conductores sin licencia para confiscar sus vehículos”, dice.
Si bien algunos consideran los puntos de control DUI como una molestia que cuesta tiempo y dinero, otros ven su valor.
Ann Young, agente al mando de la Oficina Central de Tránsito del Departamento de Policía de Los Angeles afirma que los retenes DUI son “un gran beneficio para la comunidad”. Afirma que este año hubo un descenso en la cantidad de incidentes relacionados con los conductores ebrios. “Lo hacemos por la seguridad, para salvar vidas”, dice.
Incluso Mónica, que vive con el temor permanente de que la detengan en un retén DUI, puede ver el beneficio que esto implica para la comunidad. “La gente que maneja en estado ebrio es el verdadero peligro, no las personas sin licencias”, dice.
Los retenes DUI en Boyle Heights se publican con anticipación y los miembros de la Coalición sobre Inmigración del Sur de California (SCIC) a menudo advierten a los conductores sobre los puntos de control establecidos. El organizador John Pedro Morales, de 33 años, dice que algunos miembros ponen carteles varias cuadras antes para que los conductores tengan la opción de evitar el punto de control.
Con la aprobación de la ley AB60, California se unió a otros nueve estados, incluyendo Oregon, Nevada, Colorado y Vermont que otorgan licencias de conducir a residentes indocumentados.
Mónica considera la nueva ley como una oportunidad que cambiará muchas vidas. “Es un gran avance poder manejar sin temor, sintiendo la confianza de estamos manejando legalmente”, dice.
