Casi 80,000 californianos se someten regularmente a tratamiento de diálisis por insuficiencia renal o función renal baja y dos empresas privadas poseen u operan casi el 75% de todas las clínicas en California. Esta propuesta requerirá que un médico, enfermera o asistente médico con experiencia relevante esté presente durante los tratamientos de los pacientes. También prohibirá que las instalaciones de tratamiento rechacen a los pacientes en función de su fuente de pago y requerirá que las clínicas informen a los pacientes si los médicos tienen intereses de propiedad significativos en el centro que supervisan.
Los defensores de la propuesta afirman que sus requisitos ampliarán el acceso a la atención y mejorarán la calidad de la atención en un estado donde un tercio de las clínicas de diálisis para pacientes ambulatorios no cumplieron con los estándares federales este año. Los opositores sostienen que los costos adicionales de tener médicos o enfermeras en el lugar provocarán el cierre de clínicas y exacerbarán la escasez de médicos.
Proposiciones similares estuvieron en la boleta electoral tanto en 2018 como en 2020, pero no lograron ser aprobadas por los votantes.
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