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Por Henrik Rehbinder

En medio del dolor ante la pérdida de su hijo Jesse Romero a manos de agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), su madre Teresa Domínguez no comprende la muerte del joven de 14 años y rechaza la idea de que fuera un pandillero. Los detalles de lo ocurrido esa tarde trágica difieren entre la descripción policial y la de algunos testigos. Al día de hoy se desconocen los videos que portaban los policías involucrados en el incidente ni tampoco se ha revelado si Romero estaba en el banco de datos de pandilleros que mantienen las autoridades. Eso es un secreto por decisión policial.

El que Romero quizá haya estado en lista oficial de pandilleros es importante. Según una ley promulgada en 2014 se exige a las autoridades policiales informar a los jóvenes, a sus padres y guardianes antes de incluir a los menores en un banco de datos compartidos como CalGang. Esto sirve para quienes hayan sido incluidos por error en la lista puedan disputar la decisión de ponerlos allí y en la práctica es útil para que los padres sepan lo que ocurre con sus hijos. Muchas veces una madre que es la única responsable de sus hijos no llega a enterarse de lo que hacen sus adolescentes por estar ocupada en poner el pan sobre la mesa para la familia. Ese pudo ser el caso de Domínguez y una notificación a tiempo pudo haberla ayudado a prevenir la tragedia.

Lo que preocupa es que el LAPD es una de las agencias que participan en este banco de datos y que no cumple fehacientemente con el deber de notificar a los padres cuando incluye a sus hijos como pandilleros. El LAPD y su similar de Santa Ana, no notificaron en más del 70% de estos casos, según un análisis de los archivos de 129 menores de edad. Ese es uno de los hallazgos de una auditoría, realizada en agosto por la auditora estatal Eliane Howie que analizó la manera en que manejan el CalGang los departamentos de policía de Los Ángeles, Santa Ana, Santa Clara y Sonoma.

Una de las conclusiones de Howie es que la información que integra el banco de datos que sigue la actividad de más de 150,000 sospechosos de estar en pandillas es el resultado de  “debilidades en el proceso de ingresar, evaluar y auditar” la información. En algunos casos la manera defectuosa de sumar datos CalGang revela que hay 40 pandilleros de un año de edad y otros 600 que están marcados para que su nombre sea purgado de la lista en más de 100 años en vez del límite de los establecidos cinco años. De 100 casos que se revisaron, en 13 de ellos los individuos ingresados a la lista no cumplían todos los requisitos para pertenecer. Esto significaría,  manteniendo la proporcionalidad, que 19,500 personas clasificadas como pandilleros no tendrían ninguna conexión con las pandillas.

La confusión es reinante. La auditoría agrega además que el LAPD es una de las tres agencias policiales “que pudieron demostrar que solo una de las nueve pandillas que revisamos cumplía con la exigencias de la política de CalGang antes de ingresarlos” al sistema.

Y como si esto fuera poco, la auditoría halló casos en que la información proveniente de un banco de datos defectuoso como  CalGang era utilizado ­–en violación a las normas establecidas– para argumentar en un juicio la pertenencia de un acusado a una pandilla. Además fue provista irresponsablemente a empleadores y reclutadores militares, destruyendo el futuro de muchos individuos que nunca debieron estar en esa lista.

Todo esto confirma las repetidas denuncias de algunas organizaciones comunitarias y de derechos civiles sobre los problemas para identificar adecuadamente a un pandillero. De cómo la ropa, los gestos y las compañías, entre otros factores, convierten a un joven en pandillero ante los ojos de las autoridades y de la sociedad. Esto perjudica principalmente a los latinos que integran el 68% de CalGang.

Es una buena señal que el LAPD, junto a su similar de Santa Ana y Santa Clara, hayan aceptado las recomendaciones de la auditora y vayan a tomar los pasos necesarios para implementarla. Pero no es suficiente.

Como resultado de esta auditoría, la asambleísta demócrata Shirley Weber promovió el proyecto de ley AB 2298 que ya fue aprobado por ambas cámaras legislativas y está a la espera de la firma del gobernador Brown. La medida exige que se notifique a los adultos incluidos en la lista de CalGang, como requiere hoy la ley con los menores de edad. También obliga a que cada año se dé a conocer la cifra y los datos demográficos de los individuos que son incluidos y dados de baja en el banco de datos. Esta información, junto a las recomendaciones de la auditora estatal en cuanto a la vigilancia de los datos procesados tanto a nivel local como estatal, es una respuesta adecuada para encarrilar un barco que está a la deriva.

Numerosas organizaciones policiales se oponen a la AB 2298, argumentando que sus exigencias son engorrosas y una carga de trabajo en una agenda que ya está repleta de labores para los oficiales. Es comprensible esto, pero es inaceptable el alto precio que pagan jóvenes y adultos. Quizá de haberse seguido lo que ya dice la ley se habría impedido el dolor de Teresa Domínguez. Ahora es cuestión de corregir lo que se sabe que está mal. Para eso el gobernador tiene que firmar la AB 2298.

Henrik Rehbinder es el exeditor de la página de opinión de La Opinión y escritor independiente.

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