Por Manuel Criollo y Cinthia González
¿Recuerda haber llegado a tarde a la escuela o haberse salteado algún día de clases? Su maestro quizás lo retuvo después del horario escolar para recuperar ese tiempo o lo envió a la dirección para que hablara con el director o el consejero. Hoy las cosas son diferentes.
Hoy día, la policía puede detener y multar a los jóvenes menores de 18 años que no se encuentren en el salón de clases al comienzo del horario escolar. Los alumnos pueden recibir una multa de 240 dólares si llegan tarde a clases, conforme a la ley de confinamiento escolar de Los Angeles, sin importar si se encuentran a pocas cuadras de la escuela o si incluso están dentro del predio escolar. Para miles de estudiantes de las escuelas públicas de Los Angeles, esta es una lección que no deberían tener que aprender.
En el mes de abril, incluso el Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD, en inglés) entendió lo injusto e ineficaz que resultaba multar a los estudiantes que llegaban tarde gracias al trabajo realizado durante 10 años por Community Rights Campaign (Campaña de Derechos de la Comunidad), que trabajó con ACLU, el Consejo Público y los grupos en defensa de los estudiantes. Aprendimos que entre los años 2004 y 2009, LAPD y la policía escolar emitieron 47,000 multas a los estudiantes por violar la ley de confinamiento escolar. De esas multas, el 88% fue emitido a estudiantes negros y latinos, aunque en conjunto representan solo al 74% de los estudiantes de Los Angeles.
Tanto los estudiantes como sus familias ya cargan con grandes responsabilidades económicas, y el tiempo que deben dedicar a las comparecencias obligatorias ante el tribunal es tiempo perdido tanto de la escuela como del trabajo de sus padres. Lo peor de todo es que la ley de confinamiento escolar no ha logrado mejorar considerablemente la asistencia escolar y hay buenos motivos para creer que socava la motivación de los estudiantes para asistir a la escuela.
LAPD cambió su política en lo referente a hacer cumplir esta ley, que prohíbe que los estudiantes estén fuera del predio escolar durante el horario de clases. Ya no realiza “controles de ausentismo escolar” para imponer multas durante la primera hora de clases. Esta nueva medida debería aliviar a los estudiantes que llegan tarde y reducir la carga económica que estas multas indiscriminadas representan para las familias. Pero la nueva política de la policía no es suficiente. Necesitamos cambiar la ley que autorizó los controles de ausentismo escolar en primer lugar. La ley de confinamiento escolar 45.04 del Código Municipal aprobada en 1995 continúa vigente.
El concejal municipal Tony Cárdenas presentó la semana pasada una enmienda a la ley de confinamiento escolar para reflejar la nueva política de LAPD. Cárdenas cuenta con el apoyo del ex jefe de LAPD, Bernard Parks, que actualmente es miembro del consejo. Ambos sostienen que las multas por ausentismo escolar son un gasto inútil de dinero, tiempo y recursos para los padres, los estudiantes y la ciudad.
La penalización de la ausencia escolar no debería ser parte del Código Municipal, y la enmienda de Cárdenas es el primer paso en la dirección correcta. El ausentismo escolar es un problema que tiene muchos orígenes, y todos deben ser considerados y tratados mediante la aplicación de medidas educativas, en vez de la justicia penal. Los estudiantes no van a clases debido a problemas que tienen tanto en el hogar como en el salón de clases, pero la estrategia de penalización nunca los motivará a asistir a la escuela y aprender.
Las multas por ausentismo escolar y otros métodos disciplinarios inflexibles e ineficaces han aumentado en California y en todo el país. Como forma de captar la atención pública hacia este problema, el grupo de defensoría Dignity in Schools (Dignidad en las escuelas) celebrará, del 1 º al 7 de octubre, la semana de acción a nivel nacional en 25 ciudades de EE.UU., entre las que se encuentra Los Angeles.
Durante la semana de acción, explicitaremos los motivos por los cuales estas medidas disciplinarias extremistas no están funcionando. Si consideramos el bajísimo índice de estudiantes graduados de la secundaria, especialmente entre los estudiantes negros y latinos, debemos hacer que las escuelas sean un lugar al que los jóvenes sientan ganas de asistir todas las mañanas, en vez de sentir miedo de cometer alguna infracción contra la ley.
Cinthia González, de 17 años, cursa el 12 º grado en la Escuela Preparatoria Roosevelt y es miembro de Community Rights Campaign. Manuel Criollo es el director de organización de Community Rights Campaign.
