Tony Cárdenas, concejal de L.A., se dirige a grupo de estudiantes y representantes de la comunidad fuera de la Municipalidad / Foto de Andrew Román

El mes pasado marcó una ocasión de gran júbilo en que un grupo de entusiasmados estudiantes de la escuela preparatoria esperaban, fuera de la Municipalidad de Los Angeles, saber si el esfuerzo realizado había valido la pena.

Durante meses corearon con fuerza, “ ¡Multas no, justicia sí!  ¡Cárceles no, escuelas sí!” y participaron en manifestaciones con mamelucos color naranja y togas y birretes de graduación para demostrar cómo la ley de confinamiento escolar penaliza a los estudiantes por infracciones menores.

Pero para el mediodía del 22 de febrero, sus reclamos fueron satisfechos. El Concejo Municipal de Los Angeles votó por unanimidad limitar la imposición de altas multas a los estudiantes que llegaran tarde a clases.

Los organizadores estudiantiles, entre los que se encontraban varios líderes estudiantiles de Boyle Heights, han trabajado mucho para lograr esta victoria política. Se han mantenido al día con todos los informes, directivas y cambios de políticas referentes al ausentismo escolar, además de asumir la responsabilidad de distribuir información al respecto a toda la comunidad. Si bien muchos de ellos se graduarán este año de la preparatoria y no se beneficiarán con la nueva ley, igual señalan que es una causa importante que afectará a sus hermanos pequeños y demás compañeros.

“Es una victoria para nuestras comunidades, que han tenido dificultades para pagar estas multas”, señaló Cinthia Gonzales, estudiante del 12 º grado de la preparatoria Roosevelt, que estuvo presente en la audiencia del concejo municipal celebrada el mes pasado. “Era hora de terminar con una ley que penalizaba a los estudiantes que llegaban tarde” (Gonzales, periodista del Pulso de Boyle Heights, también es una de las principales organizadoras de la campaña estudiantil).

Según la ley original de ausentismo escolar, se imponía una multa de 250 dólares a los estudiantes que no estuvieran en clase. Junto con los cargos judiciales, la suma total que debía pagar el estudiante podía superar los 800 dólares. Los críticos de estas medidas señalan que la estrategia de tolerancia cero, que apuntaba a mejorar la asistencia escolar, castigaba a los estudiantes que, a pesar de llegar tarde, intentaban asistir a clases. Los estudiantes se veían obligados a perder más tiempo de clase ya que debían comparecer ante el tribunal. Las multas representaban una carga económica para muchas familias de bajos ingresos.

La nueva enmienda evita que, durante la primera hora de clases, la policía imponga multas a los estudiantes que se encuentran a un radio de tres cuadras de su escuela. Para la primera y segunda infracción, los estudiantes deben realizar tareas de servicio comunitario, y recién en la tercera infracción se enfrentan a una multa de 20 dólares, la que tendrá un límite máximo de 155 dólares.

Para estudiantes como Gonzales, fue muy importante tener la oportunidad de ver al sistema democrático en acción. Durante años vio a la policía arrestar, esposar y multar a muchos de sus compañeros durante los controles de ausentismo y llegadas tarde a la escuela. “Estaba cansada de ver las injusticias que se cometían contra mis compañeros”, dice Gonzales. Pero la desproporción observada en las estadísticas fue lo que la motivó a tomar cartas en el asunto.

Según un informe de la Unión Estadounidense en Defensa de las Libertades Civiles del Sur de California (ACLU), el Centro Judicial de Defensoría Pública y Community Rights Campaign (Campaña de Derechos de la Comunidad), la policía emitió 47,000 multas entre 2004 y 2009, y el 88 % de estas multas fueron impuestas a estudiantes negros y latinos, que representan el 74 % del cuerpo estudiantil.

Rosa Solache fue una de las estudiantes multadas. Si bien ahora cursa el 11 º grado en la preparatoria Roosevelt, Solache recuerda el alto precio que tuvo que pagar en el 2009 por perder el autobús para ir a la escuela.

“El autobús no se detuvo por mí porque iba demasiado lleno”, señaló. “Otras personas de la escuela me vieron entrar a un patrullero y me sentí como una delincuente”.
La multa por ausentismo escolar hizo que Solache perdiera el día de clases y su madre el día de trabajo para comparecer ante el tribunal. “Me puse a llorar”, dice la madre de Solache, Genima Valdestino, cuando su hija le contó lo que había pasado. Hasta la fecha Valdestino sigue pagando la multa y continúa culpándose por no poder llevar a su hija a clases. “Me frustra mucho saber que a mi hija se la llevaron en un patrullero por llegar unos minutos tarde”.

Este año Solache se unió a Gonzales y otros estudiantes para intentar cambiar la ley de ausentismo escolar. Como Gonzales, Solache también forma parte del equipo de periodistas del Pulso de Boyle Heights.

Estudiantes celebran fuera de la Municipalidad y después de la votación del Concejo Municipal para enmendar la ley de confinamiento escolar / Foto de Andrew Román

Como parte de Taking Action (Tomar Medidas), un club de la preparatoria Roosevelt organizado por Community Rights Campaign, los estudiantes aprenden sobre el proceso político y las estrategias para elaborar una campaña. Participan en reuniones de la comunidad y organizan peticiones, manifestaciones y conferencias de prensa con el apoyo de ACLU del Sur de California y el Centro Judicial de Defensoría Pública.

El ausentismo escolar ha sido durante años un problema serio en el Condado Los Angeles. Conforme a los datos compilados por el Departamento de Educación de California, casi 3 de 10 estudiantes de la escuela pública en los 81 distritos del Condado Los Angeles fueron catalogados como casos de ausentismo escolar durante el año escolar 2009-10. Pero algunos han adoptado una estrategia más integral para resolver la situación, donde se hace énfasis en analizar el motivo por el cual los estudiantes llegan tarde en vez de penalizarlos.

Tony Cárdenas, concejal de Los Angeles, que propuso la enmienda recientemente aprobada, ha trabajado durante más de dos años para reformar la política de ausentismo escolar de la ciudad. Cárdenas señala que las escuelas y la comunidad deben ser las partes responsables de solucionar los problemas de asistencia, no la policía ni el sistema judicial. Después de que Cárdenas trabajara con el Departamento de Policía de Los Angeles y el Departamento de Policía Escolar de Los Angeles, los dos organismos establecieron el año pasado nuevas políticas de ausentismo escolar. A partir de esas resoluciones fue creciendo el apoyo.

En enero, la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD) y el juez Michael Nash del Tribunal de Menores de Los Angeles manifestaron su apoyo en forma pública a la propuesta de Cárdenas.

Recientemente, la agrupación School Attendance Task Force (Equipo Especial para la Asistencia Escolar), que funciona en todo el condado y está presidido por Nash, divulgó un informe basado en un estudio de un año y solicitó al Consejo de Coordinación Educativa que adoptara una “estrategia integral” para tratar el ausentismo escolar. Como la nueva enmienda, el informe recomendó alternativas como programas de tutores escolares y otros servicios para jóvenes en riego, en vez de la participación de las fuerzas del orden público.
“Es una mejor manera de lidiar con la raíz del problema”, dice Gonzales.

En la reunión del concejo municipal celebrada el mes pasado, tanto Gonzales como Solache tuvieron la oportunidad de dirigirse al concejo y criticaron los efectos de la ley vigente.
“La mayoría de los estudiantes nunca había estado en una reunión del concejo municipal”¦ Fueron parte del proceso político y aprendieron que tienen el poder de cambiar las leyes”, señaló Jorge López, profesor de la Escuela Preparatoria Roosevelt, uno de los patrocinadores del club. “Para muchos fue una experiencia que les abrió los ojos… algo muy fuerte”.

“Saber que tenemos el poder de cambiar algo es algo que nos motiva”, dijo Solache.

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