Los residentes de Boyle Heights que no pueden obtener una licencia de conducir debido a su condición como inmigrantes ya no se enfrentarán a grandes multas y a la posibilidad de perder sus vehículos cuando sean detenidos para realizar controles de manejo bajo la influencia de drogas y alcohol (DUI). La medida promulgada el domingo por el gobernador Jerry Brown restringe la capacidad de los organismos del orden público de incautar vehículos de conductores sin licencia pero sobrios en estos tipos de controles.
Esta ley tuvo muy buena recepción en Boyle Heights, donde los feligreses de la iglesia Nuestra Señora de Talpa celebraron las noticias de la promulgación de ley en la misa del domingo pasado. La iglesia es parte de LA Voice, un grupo de organizaciones religiosas cuyos miembros participaron en una campaña de base para animar al gobernador Brown a promulgar la ley AB 353.
“Estamos muy contentos”, dijo el padre Margarito Martínez. “Esto dará un poco de tranquilidad a nuestras familias en estos tiempos de dificultad económica”.
“Es realimente un motivo para celebrar”, dijo Alma Morales, organizadora de LA Voice. “Demuestra el poder que tienen las personas cuando se organizan para lograr algo”.
Reducir las incautaciones de automóviles en los controles DUI
La nueva ley, patrocinada por el legislador Gil Cedillo, demócrata de Los Angeles, entrará en vigor en el mes de enero. Busca reducir la cantidad de incautaciones de automóviles realizadas en los controles DUI de rutina, los que fueron descritos como una práctica cada vez más redituable para los departamentos de policía locales y municipalidades con dificultades económicas en todo el estado.
Una investigación llevada a cabo por Investigative Reporting Program de UC Berkeley y California Watch indicó que las incautaciones realizadas en los controles durante el año 2009 generaron aproximadamente 40 millones de dólares en servicios de remolque y multas de la policía. Según Cedillo, solamente la Municipalidad de Los Angeles obtuvo 100 millones de dólares en los últimos cinco años por los automóviles incautados durante dichos controles.
Estos controles se realizan con frecuencia en zonas o en los alrededores de comunidades con alto índice de minorías, y algunos activistas sostienen que los inmigrantes indocumentados son un blanco injusto en dichos controles.
“La promulgación de la ley AB 353 envía el mensaje a todo el país de que California está preparada para liderar a la nación con una visión positiva y productiva sobre cómo hacer frente a los temas relacionados con la inmigración y la seguridad vehicular”, señaló Cedillo en una declaración divulgada el domingo.
Los conductores sin licencia que son detenidos en estos controles generalmente reciben una multa de aproximadamente 150 dólares y además deben pagar cargos por el vehículo y los servicios de remolque, los que con frecuencia superan el valor del automóvil. Como resultado, muchos conductores indocumentados terminan perdiendo sus automóviles.
El padre Martínez señaló que sus feligreses comenzaron a quejarse hace varios años cuando el Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD) aumentó sus controles DUI en las principales intersecciones de Boyle Heights, como la esquina de las calles First y Soto.
“Somos una comunidad pobre”, dice Martínez. “Llegaban repletos de facturas que no podían pagar”. Además, agregó que en Los Angeles, “tener un automóvil no es un lujo, es una necesidad”.
“No podemos escuchar las necesidades de estas personas y decir simplemente, ‘Oremos a Dios’”, añadió. “No, tenemos que pedir ayuda a las personas que pueden cambiar estas políticas y ordenanzas, que a menudo son injustas”.
Trabajar por un cambio
Martínez fue uno de los miembros de LA Voice que se reunió a comienzos de este año con Charlie Beck, jefe de LAPD, para compartir inquietudes sobre la política de controles policiales que afectaba especialmente a los trabajadores indocumentados. En marzo, los miembros de LA Voice participaron de una conferencia de prensa junto con Beck, donde el jefe de LAPD anunció la nueva política del departamento: darles a los conductores sin licencia la oportunidad de encontrar un conductor con licencia que pudiera llevarse el vehículo antes de ser incautado.
La nueva política de LAPD, también adoptada por unos pocos organismos del orden público de California, ahora se convirtió en ley estatal. La nueva ley también les permite a los conductores sin licencia llevar a un conductor con licencia al lugar de incautación para retirar sus vehículos.
Sin embargo, los grupos de derechos para los inmigrantes afirman que a pesar de la nueva política de LAPD, la policía continúa incautando automóviles en los controles de “rutina”, en vez de los controles de DUI, y no queda claro si la nueva ley cambiará esta situación.
No se pone fin a los controles DUI
La aprobación del proyecto de ley de Cedillo no pone fin a los controles DUI en California. El gobernador Brown vetó el domingo un proyecto de ley que restringiría la capacidad de los organismos del orden público para establecer este tipo de controles. Conforme a dicho proyecto de ley vetado, se hubiese exigido que los organismos del orden público anunciaran con 48 horas de anticipación la ubicación general de dichos controles y la ubicación específica dos horas antes. Pero ese proyecto de ley, AB 1389 del legislador Michael Allen (demócrata de Santa Rosa) se enfrentó a la oposición de grupos como Mothers Against Drunk Driving.
En el mensaje del domingo sobre el veto, Brown afirmó que anunciar la ubicación de los controles DUI ayudaría a los conductores ebrios a evitar ser detectados. “Si bien comprendo que existen inquietudes por algunos controles DUI que no están siendo operados en forma adecuada, este proyecto de ley restringe demasiado a los organismos del orden público locales”, señaló el gobernador.
El padre Martínez de la iglesia Nuestra Señora de Talpa dijo que él y otros activistas están de acuerdo con retirar a los conductores ebrios de las calles de California, pero no comparten las tácticas de los organismos del orden público. Ese fue el mensaje que se les transmitió a los políticos locales invitados el mes pasado a una reunión de la comunidad en la iglesia católica, cuyo objetivo era animar a los feligreses a que enviaran cartas y llamaran por teléfono a la oficina del gobernador para expresar su apoyo a la nueva ley.
Esta reunión coincidió con la fecha de celebración de la patrona de la iglesia. Hoy, los activistas victoriosos pertenecientes a esta organización religiosa dicen que no desmerecen el poder de la intervención divina.
“El día de Nuestra Señora de Talpa le pedimos a la virgen que tocara el corazón del gobernador, y también su mano para firmar la ley”, recuerda el padre Martínez. “Creemos que pudimos lograr este objetivo gracias a las acciones realizadas pero también gracias a nuestra fe”.
