Salir a dar un paseo significa un gran esfuerzo diario para Guillermina Hernández. Esta residente de 83 años de Boyle Heights sufre de las rodillas y los tobillos y debe usar un andador para trasladarse.  Pero los árboles arrancados bloquean una parte de la acera frente a su hogar ubicado cerca de las calles Breed y First.

“Por la Breed, caminando hacia la Cuarta, están las banquetas que qué barbaridad”, dice Hernández, que visita con regularidad el Centro para Adultos Mayores de Boyle Heights. “Hay muchos hoyos en donde se atora el andador”.

La Oficina de Servicios para las Vías Públicas estima que alrededor del 40 por ciento de las banquetas de Los Ángeles se encuentra en extrema necesidad de reparación. Pronto, los residentes como Hernández podrán lograr que la municipalidad arregle las aceras que generan problemas en sus vecindarios.

El reciente acuerdo alcanzado en una demanda judicial obligará a la municipalidad a gastar entre 31 y 63 millones de dólares anuales durante un período de 30 años, comenzando con el presupuesto para el año 2015-16, con el objetivo de arreglar las aceras rotas en toda la ciudad de Los Ángeles. La demanda, presentada a nombre de un cuarto de millón de residentes con discapacidades, afirmaba que la municipalidad contravenía la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). El acuerdo de casi 1.4 mil millones de dólares se considera el pago más grande en la historia por un reclamo de la ley ADA.

Los defensores de las personas con discapacidades señalan que las reparaciones exigidas por el acuerdo mejorarán las vidas de aquellos angelinos con problemas de movilidad que, según los demandantes, han sido tratados como ciudadanos de segunda clase.

Victoria moral

El acuerdo fue una “victoria moral” para las personas discapacitadas y los adultos mayores, según Lillibeth Navarro, directora ejecutiva de las Comunidades con Vida Activa e Independiente (CALIF, por sus siglas en inglés), una de las partes de la demanda judicial.

“Las personas con discapacidades físicas que padecen el dolor, la soledad y todo tipo de estrés y sufrimiento, nos merecemos cierta atención”, dice Navarro.

El Congreso aprobó la ley ADA el 26 de julio de 1996, más de 25 años después de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. La ley ADA, que se logró luego de una larga lucha liderada por organizaciones e individuos, amplió la protección de los derechos civiles a las personas discapacitadas. También ordenó a las empleadores que ofrecieran “adaptaciones razonables” a los empleados con discapacidades e impuso requisitos de accesibilidad a los edificios públicos, baños y aceras.

Algunos defensores sostienen que 25 años después, muchos edificios e instalaciones públicas todavía no cumplen con la normativa. Según Navarro, esto se observa especialmente en las comunidades de bajos ingresos, como Boyle Heights.

“La ley ADA afirma que las personas con discapacidades deben tener acceso equitativo al mundo, pero el primer contacto con el mundo es la calle fuera de sus hogares”, señala Navarro. “Por lo tanto, si uno no logra avanzar y cruzar la calle frente a su casa, si la acera hace que sea imposible salir de la casa, entonces se vuelve un impedimento contra los derechos civiles”.

“En las zonas de la ciudad donde viven los pobres y las minorías, allí también necesitan acceso equitativo al mundo”, agregó.

Esta situación le resulta muy conocida a Jerry López, residente de Boyle Heights de 61 años de edad, que se encuentra en una silla de ruedas tras haber sufrido un accidente cardiovascular hace cinco años. Ahora, como defensor de las personas con discapacidades, López señala que hay muchas aceras en Boyle Heights por las que no puede transitar en su silla de ruedas.

“Tengo que navegar por las calles porque hay obstáculos por todas partes”, dice López. Afirma que muchas instituciones no cumplen con la letra ni el espíritu de la ley.

López, un hombre que vive en la calle y a menudo concurre a las reuniones públicas y eventos en Boyle Heights, señala que muchos individuos se muestran indiferentes a las personas con discapacidades que afectan su movilidad.

“Realmente da miedo”, recalcó. “No tienen ninguna consideración por nosotros. Como si fuéramos un problema, pretenden que ‘nos hagamos a un lado’”.

López, que asiste a misa todos los días, dice que a muchas de las iglesias católicas –las que están exentas de cumplir con los requisitos de la ley ADA como todas las instituciones religiosas– les hacen falta rampas y otras adaptaciones básicas. Dice que al no recibir respuesta de la Arquidiócesis de Los Ángeles por las quejas presentadas, decidió dirigirse al Papa Francisco, pidiéndole su intercesión.

“Amo a mi iglesia, La Placita. Me resulta fácil entrar y pasar un rato en oración, ir a misa. Pero no puedo ir al baño en ese lugar”, explicó. “Tengo que ir al museo de al lado o a la estación de trenes”.

Como defensor de ADAPT LA, una organización de la comunidad recientemente establecida, López señala que el transporte público también puede ser un gran problema para las personas discapacitadas, especialmente cuando los pasajeros se niegan a dar sus asientos para ubicar sillas de ruedas y andadores, y los conductores se niegan a hacer cumplir la ley.

El espacio entre los asientos en los trenes de la Línea Dorada son más estrechos que en las otras líneas, dice López, y esto dificulta la movilidad de los pasajeros en sillas de ruedas para moverse dentro del vagón del tren.

Jerry López viaja con dificultad por las aceras de Boyle Heights con su silla de ruedas. Fotos: Art Torres

“Volvamos a lo esencial”

Las calles maltrechas de la ciudad deben ser una prioridad, afirma López. “Volvamos a lo esencial”, ruega. “Reparemos las aceras para que las personas puedan trasladarse de manera segura”.

Incluso antes de la resolución de la demanda judicial mediante un acuerdo, la municipalidad había destinado 27 millones de dólares al presupuesto del año 2014-15 para reparar las aceras junto a los parques y a otras instalaciones gubernamentales. Además, algunos miembros del concejo municipal usaron dinero de sus fondos discrecionales para reparar aceras en sus distritos.

El concejal José Huízar del Distrito 14, por ejemplo, empleó 500 mil dólares de sus fondos discrecionales para reparar algunas de las aceras en peor estado de su distrito, en el que se encuentra Boyle Heights. Según la oficina de Huízar, el dinero se destinó a reparar aceras próximas a parques, a una iglesia y a un centro para adultos mayores.

Conforme al acuerdo, la municipalidad comenzará a reparar las aceras con el mayor tránsito y aquellas cercanas a parques e instalaciones públicas, además de algunas aceras solicitadas especialmente por las personas con discapacidades.

Navarro, defensora de CALIF, señala que reparar las aceras beneficiará a muchas más personas que los discapacitados. Las personas sin discapacidades también pueden caerse y lastimarse, incluso aquellos que caminan distraídos mientras van hablando con su teléfono celular.

“No es solo para nosotros”, dice. “Es para toda la sociedad”.

Antonio Mejías-Rentas

Antonio Mejías-Rentas is a Senior Editor at Boyle Heights Beat, where he mentors teenage journalists, manages the organization’s website and covers local issues. A veteran bilingual journalist, he's...

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