Helen Vega dedica una buena parte de sus días a cuidar de su jardín en su tranquilo vecindario de Boyle Heights, a pocas cuadras de la ciudad de Vernon.
A esta maestra sustituta del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD) le gusta mucho estar al aire libre, pero no se dio cuenta de que su hogar se encontraba a menos de 1.5 millas de distancia de Exide Technologies, la planta de reciclaje de baterías que fue acusada de emitir sustancias tóxicas en el aire, lo que planteó un posible riesgo de salud a más de 100,000 personas.
Muchas organizaciones de la comunidad se han unido para lanzar una campaña contra Exide, organizando reuniones públicas y campañas mediante mensajes de correo electrónico. Y si bien este tema ha captado la atención en forma generalizada de los periódicos y algunos canales de televisión de noticias locales, muchos residentes de Boyle Heights y de las zonas a sus alrededores continúan sin estar al tanto de los posibles peligros que se plantean.
Vega, de 52 años de edad, se enteró sobre Exide en las noticias por televisión y los sermones de monseñor John Moretta de Resurrection Church, que habla con frecuencia sobre los peligros relacionados con el proceso de reciclaje de esta empresa en conflicto.
Moretta, activistas y autoridades electas de la comunidad han buscado el cierre de la planta, haciendo referencia a las continuas infracciones de la planta a lo largo de los años.
“Hace años que emiten toxinas, de lo que no teníamos conocimiento alguno. Nunca se había dicho nada sobre el arsénico hasta hace unos meses. Es como un cóctel mortal”, dijo Moretta.
El Departamento para el Control de Sustancias Tóxicas ordenó en abril el cierre de la planta, al descubrir que se estaban emitiendo niveles peligrosos de arsénico y plomo en el medio ambiente.
Esta medida fue revocada el 17 de junio, cuando el juez Luis A. Lavin del Tribunal Superior de Los Angeles permitió a Exide continuar con sus operaciones bajo ciertas condiciones, lo que indignó a muchos residentes de la zona.
Como condición para su reapertura, se ordenó a la empresa comenzar a tomar muestras de polvo y de la tierra de la planta y de sus alrededores, además de recortar la producción en un 15%. Sin embargo, los controles de aire indicaron que en varias ocasiones durante el mes de septiembre las emisiones de plomo de Exide seguían superando los estándares del Distrito para la Gestión de Calidad de Aire de la Costa Sur.
Estos controles pusieron en tela de juicio la seguridad pública, causando que el Departamento de Salud Pública del Condado Los Angeles pidiera que se realizaran análisis de sangre gratis y voluntarios a unas 250,000 personas que pudieran haberse visto afectadas por el envenenamiento con plomo a comienzos de este mes.
El lunes, las autoridades de Exide llegaron a una acuerdo con DTSC y aceptaron gastar 7.7 millones de dólares en un nuevo sistema de desagüe pluvial, filtros y mejoras a fin de reducir sus emisiones de arsénico.
El acuerdo detendrá los esfuerzos de DTSC para cerrar la planta, algo que no tiene buena recepción en algunos de los residentes de la zona.
“Si esto hubiese ocurrido en Alhambra o Pasadena, la cerrarían”, afirma Lucero Rodríguez, residente de Boyle Heights. “No la querrían (a Exide) en su comunidad”.
Rodríguez no estaba al tanto de la gran polémica alrededor de la planta y dijo que nunca recibió información por correo, correo electrónico, campaña puerta a puerta ni siquiera a través de otros vecinos sobre Exide. Si bien su hogar no está tan cerca de Exide como el de Vega, considera que la salud y el bienestar de la comunidad están en juego y que no se debería permitir a esta empresa continuar con sus operaciones.
Como medida para “ofrecer a la comunidad la oportunidad de recibir la información más actualizada directamente de los reguladores”, el senador del estado de California Kevin De León (demócrata de Los Angeles) convocó una reunión de residentes esta noche en Resurrection Church, la primera reunión organizada por una autoridad electa.
“A nuestras agencias regulatorias les falta la autoridad legal clara para tomar los pasos necesarios para hacer cumplir las regulaciones”, señaló en una declaración el senador De León. “El poder legislativo debe tomar medidas para brindar a DTSC y los demás la autoridad que les está faltando”.
Representantes del Departamento para el Control de Sustancias Tóxicas, el Distrito de Control de la Calidad del Aire (AQMD), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y el Departamento de Salud Pública del Condado Los Angeles participarán de la reunión con la comunidad.
La reunión tendrá lugar de 6 a 8 p.m. en Resurrection Church, 3324 Opal St., Los Angeles, CA 90023.
